La propuesta busca revisar información de aspirantes a cargos de elección popular y prevenir riesgos durante el próximo proceso electoral.
Ante el riesgo de que grupos delictivos intenten influir en el próximo proceso electoral, el Gobierno de México y el Instituto Nacional Electoral (INE) trabajan en una metodología para detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y organizaciones criminales.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó este viernes que se analiza un mecanismo mediante el cual los partidos políticos podrían presentar de manera voluntaria información de sus precandidatos para que sea revisada por distintas instituciones.
El procedimiento contemplaría el análisis de información proveniente de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de otras áreas relacionadas con seguridad e inteligencia.
La finalidad sería detectar posibles factores de riesgo o indicios que ameriten una revisión, sin que esto implique señalar de manera anticipada a algún aspirante como integrante o colaborador de una organización delictiva.
La propuesta se plantea de cara a las elecciones de 2027, proceso en el que estarán en juego diversos cargos de elección popular a nivel federal y estatal, incluyendo gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales y otros puestos.
El tema cobra relevancia debido a los antecedentes de violencia política registrados en distintas regiones del país y a la preocupación de las autoridades por evitar que organizaciones criminales ejerzan presión, financiamiento o algún otro tipo de influencia sobre los procesos electorales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que el próximo proceso electoral se desarrolle alrededor de propuestas y debate político, evitando campañas basadas en odio o confrontación.
La metodología aún se encuentra en proceso de definición, por lo que corresponderá a las autoridades establecer los criterios y alcances que tendrá la revisión de información rumbo a los comicios de 2027.